A 10 días de las elecciones presidenciales en Colombia, la persecución a líderes sociales sigue siendo parte del contexto de violencia en el país. Según el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz) desde el siete de agosto de 2018, cuando asume la presidencia Iván Duque, al cuatro de junio de 2022 fueron asesinados más de 900 líderes sociales y defensores de derechos humanos. En lo que va del año ese organismo da cuenta de 84 asesinatos. “Creemos que en este momento que el país ha regresado al pasado, y muestra de ello son los indicadores de muertes violentas no sólo de defensores y defensoras de derechos humanos, sino también a lideres sociales”, aseguró en diálogo con Revista NAH, Andrés Idárraga, exdirector de Derechos Humanos en Bogotá, militante del Pacto Histórico y que actualmente está realizando sus estudios de doctorado en Política y Gobierno en la Universidad Católica de Córdoba.
Volver al diálogo
Cientos de excombatientes de las FARC que en 2016 firmaron los Acuerdos de Paz en tras 50 años de conflicto y dejaron las armas han sido asesinados. “Las poblaciones donde están siendo afectados por cuenta de los cultivos de uso ilícito siguen entre el ejército y las organizaciones criminales”, afirmó. El exdirector de Derechos Humanos reclamó que no hay un plan de sustitución de cultivos de uso ilícito en sintonía con lo pactado en La Habana. “Tampoco se han brindado condiciones para repotenciar el agro y generar otro tipo de oportunidades para la población que decidió dejar las armas”, añadió y subrayó la importancia de buscar alternativas diferentes a las del gobierno de Duque.
La negación del estado de guerra y de las violaciones a los derechos humanos, en especial a los derechos políticos de las poblaciones, ponen en evidencia lo que Idárraga caracteriza como un «gobierno retardatario porque nos ha regresado al pasado”. “Si a eso le sumas un comportamiento bastante cuestionable de las fuerzas militares y algunos miembros de la policía, por ejemplo, en el marco de los estallidos sociales, pues esto definitivamente no va para ningún lado”, lamentó. “Sus políticas se mantienen y se niegan a ver el país de otra manera”.
En este sentido, el trabajo para lograr la paz tiene como punto de partida que “organizaciones multi crimen relacionadas con el narcotráfico, la trata de personas, la minería ilegal y que son las que están causando la muerte de líderes sociales entren a un sometimiento de la justicia”.
Idárraga también resaltó la importancia de volver al diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). “En
el caso de la guerrilla del ELN que también está involucrada con asuntos en
torno a algunos asesinatos y enfrentamientos armados que afectan a la población
civil queremos que se reabra el diálogo”. Sin embargo, desde el gobierno de derecha de Iván Duque no existe esa voluntad. “Por supuesto que este gobierno saliente se niega a hacerlo y lo que ha querido es profundizar la guerra con los resultados que ya vemos”, lamentó.
Colombia hacia el ballottage
Durante el estallido social Idárraga se desempeñaba como director de derechos Humanos en Bogotá hasta su renuncia en junio de 2021 cuando el gobierno de Bogotá presentó un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el que según el exfuncionario se ocultaba la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad a la protesta social.
“Desde mi punto de vista se evidenció un acto sistemático de insubordinación de la fuerza policial a los mandos civiles como alcaldes y alcaldesas”, aseguró Idárraga. El abogado también se refirió a la falta de acción contundente de parte del poder civil para garantizar el derecho a la protesta. “También se notó una infantilización del movimiento juvenil que estaba reclamando sus derechos en las calles». Lamentó que en cambio la respuesta fue “una injusticia latente y una impunidad frente a todos los casos de graves violaciones a los derechos humanos: asesinatos, desplazamientos de jóvenes entre ciudades, encarcelamiento, persecución judicial, violación a mujeres en el marco del paro presuntamente a manos de la policía”.
“Jóvenes con los ojos mutilados por cuenta de la respuesta represiva del Estado, esto se tiene que solucionar por la vía de la justicia”, aseguró. Según Idárraga la impunidad y falta de acción de los organismos judiciales y organismos de control pueden llevar a un nuevo estallido “Porque las cosas no cambiaron y en Colombia necesitan un cambio”. La ONU confirmó al menos 44 muertes durante las movilizaciones, mientras
que otros organismos aseguran que murieron más de 60 personas.
En este contexto, la fórmula de Gustavo Petro y Francia Márquez, “podría significar una esperanza para terminar con la desigualdad en Colombia, darle mejores condiciones a absolutamente todas las personas, darle tranquilidad al campesinado, particularmente a las mujeres campesinas, el derecho a la pensión que con el actual esquema privado deja a un 75 por ciento de las personas sin pensión”, indicó Idárraga, que entre 2012 y 2015 fue director de Derechos Humanos de Petro durante su paso por la alcaldía de Bogotá.
A su vez, resaltó el liderazgo de Francia Márquez, ganadora del Premio Goldman, considerado el premio Nobel del medioambiente, por la lucha librada en defensa de los territorios ancestrales. “Estamos muy esperanzados por lograr un cambio y mejorar las condiciones para todas las poblaciones en Colombia”.
